La ley de la selva
Por Rodrigo López *
Entre las leyes vigentes de la dictadura pocas estorban tanto para el desarrollo nacional como la Ley de Entidades Financieras de 1977. Si bien desde entonces ha sufrido modificaciones menores, los puntos centrales se mantienen firmes. A diferencia de países como Brasil y Chile, últimamente tan mentados por nuestra derecha pop, la ley argentina en vez de señalar expresamente qué operaciones tienen permitidas los bancos comerciales concede “todo aquello que esta ley no prohíbe”, dando ventajas exclusivas a los bancos comerciales, siendo los únicos habilitados para captar depósitos del público a la vista. En la configuración del sistema, esto implica que dejamos de tener banca especializada (aconsejable para organizar el desarrollo) para pasar a tener un sistema de banca universal liderada por los bancos comerciales.
En nombre del “libre mercado” la reforma del gobierno de facto liberalizó la tasa de interés y flexibilizó la apertura de nuevas entidades financieras, con el expreso objetivo de que las tasas alcanzaran valores reales positivos y elevados, lo cual es letal para la industria, sobre todo para las pymes. El argumento esgrimido era fomentar el ahorro y que el mercado se encargara de seleccionar la orientación del crédito. El resultado fue la crisis bancaria de 1980, que sería la primera de una conocida lista. Tal filosofía toma el crédito como un bien de mercado, plausible de ser determinado por un precio de mercado, cuando en realidad se trata de un bien público, tanto porque se nutre con la agregación del ahorro de los ciudadanos como porque su uso repercute en la economía de toda la población. La moneda y las reservas provienen del trabajo argentino, no es justo que sean apropiadas por algunos, pues sus consecuencias afectan al resto. La regla de “el que llega primero gana” de la corrida de 2001 aún es recordada por muchos pequeños ahorristas argentinos.
Los bancos no son una empresa cualquiera. La explicación intuitiva es que los ahorristas depositan en los bancos los ahorros y éstos a su vez los prestan a terceros. Luego tales préstamos se multiplican a través del mecanismo de creación de dinero bancario. Pero en la realidad el orden es el inverso. El otorgamiento de los préstamos expande la economía posibilitando la aparición de ahorros. A partir de la ley de 1977 tal mecanismo es mutilado. Los bancos son cada vez más concentrados y dirigen sus créditos a grandes empresas (muchas de ellas extranjeras) o a las actividades más lucrativas en el corto plazo, las cuales suelen ser créditos personales y demás líneas para el consumo. La compra de bienes suntuarios en su mayoría importados no permite generar la sinergia prestamos-depósitos, impidiendo la potencialidad expansiva del crédito en el proceso económico. En momentos de especulación tiene lugar otra variante, que es el crédito para la lisa y llana compra de moneda extranjera. En este caso, no sólo se alejan recursos para la producción y se limita la expansión señalada, sino que a la postre se ejerce una presión sobre un precio nodal como el tipo de cambio.
Una reforma podría establecer resguardos para evitar que el sistema financiero se siga atrofiando. Garantizar créditos para pymes, instituir una banca pública de desarrollo y reducir parte de los créditos para consumos suntuosos mejorarían el desempeño de largo plazo (desarrollo), mientras que controlar maniobras que alientan la crisis cambiaria como los préstamos que se sacan con el solo fin de comprar dólares y especular (pedir) una devaluación podrían ser neutralizadas.
La reforma de 1977 vino a abolir la de 1973, que se nutría de las reformas de 1946 y 1949. En los gobiernos peronistas citados el crecimiento estaba orientado al mercado interno, lo cual requería asegurar la canalización de los ahorros nacionales a la inversión productiva local, fomentando la expansión industrial, el pleno empleo, y evitando con controles cambiarios las crisis de balanza de pagos.
La reforma de la dictadura vino a completar un programa de políticas que llevaron a la desindustrialización del país y el comienzo de la pesada deuda externa que sigue perforándonos el bolsillo. Por ironías del destino, a los militares les tocó cumplir el bicentenario de la creación del Virreinato del Río de la Plata (1776) y, a juzgar por la entrega de los resortes de la economía al extranjero y la sujeción política de la población nativa, parecen haber estado a la altura de las circunstancias.
El período abierto en 2003 dio buenos pasos al recuperar para la Nación los ahorros apropiados por las AFJP y permitir canales populares de dirección del crédito a través de cajas cooperativas. Pero resta terminar la obra. Los argentinos deberíamos poder llegar al 25 de Mayo de 2010 con la Plaza de Mayo sin vallado y que éste se establezca en el sistema financiero para disponer los canales del desarrollo nacional y no los de la fuga, el vaciamiento y la crisis, porque el bicentenario que vamos a festejar es el de la Revolución no el de la colonia.
* Investigador Cefid-AR y CCC Floreal Gorini
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